Dennisse Montañez
Ángel del Villar, dueño de Del Records, ha sido declarado culpable por sus vínculos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El juicio, que ha causado gran revuelo en la industria musical, reveló que la disquera facilitó conciertos para miembros de este cartel, lo que permitió el lavado de dinero a través de la música. En el juicio, el cantante Gerardo Ortiz jugó un papel clave al testificar sobre su participación en estos eventos. Ortiz, quien también ha tenido controversias por su relación con el narcotráfico, admitió haber realizado presentaciones para el CJNG, lo que implicó directamente a Del Villar en la colaboración con el cartel. Este testimonio fue crucial para la condena de Del Villar, quien ahora enfrenta una posible pena de prisión significativa.
Los nexos con el CJNG
Las investigaciones revelaron que la disquera de Del Villar, que ha lanzado a artistas de gran éxito dentro del género regional mexicano, mantenía una red de contactos con el narcotráfico, específicamente con promotores y representantes del CJNG. A través de estas conexiones, Del Villar y sus asociados organizaron conciertos y eventos privados para los líderes de la organización criminal, quienes aprovechaban estas actividades para lavar dinero y expandir su influencia en el entretenimiento.
El caso no solo sacude la vida de Del Villar, sino que pone en evidencia la vulnerabilidad de la industria musical frente a la infiltración del narcotráfico. Del Villar, quien ha sido un pilar fundamental en la promoción de la música de artistas como Gerardo Ortiz, Fuerza Regida y otros exponentes del género corrido tumbado, ahora se enfrenta a las consecuencias de estar vinculado a una de las redes más violentas del narcotráfico en México. Este tipo de relaciones ilícitas han permitido que los carteles de droga lavaran grandes cantidades de dinero, utilizando la música como una fachada para sus operaciones.
La condena y las posibles consecuencias
Tras ser declarado culpable, Ángel del Villar podría enfrentar una sentencia de entre 10 y 30 años de prisión, dependiendo de los cargos que se le sigan imputando y las deliberaciones del tribunal. Además, su disquera, Del Records, podría enfrentar una serie de sanciones legales, incluyendo la confiscación de bienes y el cierre de sus operaciones si se comprueba su implicación en el lavado de dinero y otros crímenes relacionados.
Este juicio ha puesto en el centro del debate público la relación entre el crimen organizado y el mundo del entretenimiento, evidenciando cómo figuras de alto perfil en la música pueden estar involucradas, de manera activa o pasiva, en actividades ilegales. Con la creciente presión por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas para desmantelar estas redes de narcotráfico, la industria musical regional se enfrenta a un reto serio en términos de regulación y transparencia.
