Dennisse Montañez
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Transporte (DOT), emitió una serie de medidas contra aerolíneas mexicanas como respuesta a lo que considera prácticas anticompetitivas del gobierno mexicano en materia aeroportuaria. Las acciones incluyen la posible limitación de vuelos comerciales desde México, la exigencia de autorización previa para itinerarios y vuelos chárter, y la amenaza de retirar la inmunidad antimonopolio a la alianza entre Delta Air Lines y Aeroméxico.
Estas disposiciones surgen tras una evaluación del DOT en la que se concluye que México ha infringido los términos del Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos de 2015. De acuerdo con el gobierno estadounidense, las decisiones unilaterales del Estado mexicano como la reducción forzada de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el traslado obligatorio de vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) han afectado la operación de aerolíneas estadounidenses y distorsionado la competencia en el mercado bilateral.
Entre las medidas anunciadas destacan:
El rechazo a nuevas solicitudes de rutas por parte de aerolíneas mexicanas hasta que México restablezca condiciones equitativas.
La revisión detallada de todos los itinerarios, incluyendo vuelos de pasajeros y carga.
La emisión de una orden preliminar para cancelar el acuerdo de inmunidad antimonopolio entre Delta y Aeroméxico, vigente desde 2016, que les permite operar como una sola entidad en vuelos entre ambos países.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno mexicano no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de Estados Unidos y defendió que las decisiones sobre el reordenamiento del espacio aéreo se tomaron con base en criterios técnicos, de seguridad y eficiencia. Asimismo, reafirmó que no existe razón válida para la imposición de sanciones.
Por su parte, la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) y otros actores del sector aéreo han expresado su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en la conectividad aérea, el turismo y la logística entre México y Estados Unidos.
La alianza Delta-Aeroméxico es una de las más relevantes del continente y genera ingresos conjuntos por más de 800 millones de dólares anuales. Su posible disolución representaría un golpe considerable para ambas compañías, además de afectar a millones de pasajeros en rutas transfronterizas clave.
El DOT ha fijado como plazo el 29 de julio para que las aerolíneas mexicanas entreguen información detallada que justifique sus operaciones y para que las autoridades mexicanas presenten argumentos en su defensa. Una resolución final sobre la continuidad del acuerdo Delta-Aeroméxico podría emitirse en octubre de este año.
