Dennisse Montañez
Teuchitlán, Jalisco. A casi un año de su detención y tras un proceso judicial intensamente seguido por colectivos de víctimas y medios, un tribunal colegiado declaró este lunes culpables a 10 hombres detenidos en el Rancho Izaguirre, por los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado cometidos contra al menos tres personas.
La resolución se dictó tras varios días de juicio oral que inició el pasado 1 de julio en Puente Grande. Las autoridades confirmaron que este martes 9 de julio, a las 9:30 horas, se llevará a cabo la audiencia en la que se les impondrá sentencia individual a cada uno de los implicados.
¿Qué ocurrió en el Rancho Izaguirre?
El 18 de septiembre de 2024, elementos de la Guardia Nacional acudieron al rancho ubicado en el municipio de Teuchitlán, tras recibir un reporte por disparos. Al llegar, fueron recibidos con fuego, lo que derivó en un enfrentamiento armado. Al controlar la situación, las autoridades ingresaron al lugar, donde encontraron a una persona sin vida y rescataron a dos víctimas que estaban privadas de su libertad.
Durante la intervención, también fueron detenidos 10 sujetos que permanecían en la finca, un lugar que con el tiempo se reveló como mucho más que un punto de retención: era un presunto centro de adiestramiento criminal y posible sitio de exterminio, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con la Fiscalía y testimonios de víctimas.
Los ahora sentenciados responden a los nombres de Lennin “N” (también identificado como Kevin “N”), David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N”. Durante el juicio, se presentaron pruebas materiales, armas, chalecos tácticos, objetos de tortura y el testimonio de más de 17 personas, lo cual llevó al tribunal a emitir la declaración de culpabilidad.
Un sitio marcado por el horror
La gravedad del caso no terminó con las detenciones. En marzo de 2025, el colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores realizó una jornada en el rancho y halló restos humanos calcinados, ropa y más de 400 pares de zapatos, lo que reavivó las sospechas de que el sitio no solo servía para secuestrar, sino también para desaparecer personas de forma sistemática.
Las familias de personas desaparecidas en la región han denunciado desde entonces la falta de información oficial y la lentitud en la identificación de restos, aunque el fallo de este lunes representa un avance importante en la exigencia de justicia.
¿Qué sigue?
Este martes se conocerá el monto de las penas individuales, que podrían incluir décadas de prisión, así como posibles medidas de reparación del daño. Las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han insistido en que este caso no debe cerrarse con la sentencia, sino que debe abrir nuevas líneas de investigación sobre redes de desaparición forzada en Jalisco.
