Dennisse Montañez
Un joven con discapacidad intelectual, identificado como Juan “Z.”, originario del municipio de Tepalcatepec, fue brutalmente linchado y ejecutado en Uruapan tras ser falsamente acusado por vecinos de acoso y violación. El crimen ha generado indignación por la violencia de los hechos y por el uso de rumores infundados que derivaron en su asesinato.
Según reportes de familiares, Juan, quien padecía una discapacidad intelectual que lo hacía desorientarse con facilidad, salió de su domicilio en Tepalcatepec a principios de la semana pasada, sin que se supiera su paradero. Fue visto días después en la central camionera de Apatzingán, pero su familia no logró localizarlo a tiempo.
Posteriormente, Juan apareció en las calles de Uruapan, donde fue visto pidiendo comida y bailando en la vía pública. De acuerdo con testigos, no agredía ni molestaba a nadie. Sin embargo, al ser sorprendido haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle, producto de su condición, vecinos comenzaron a difundir su imagen en grupos comunitarios, acusándolo sin pruebas de acoso sexual y violación.
La tarde del viernes 19 de julio, los rumores tomaron un rumbo trágico. Algunos vecinos presuntamente lo golpearon y, en unión con sicarios, lo entregaron para que lo ejecutaran. Juan fue torturado, marcado con una cartulina en el pecho con la leyenda “Esto me pasó por violador” y finalmente asesinado a tiros. El momento fue incluso grabado en video y difundido por sus agresores.
Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en el Cerro de la Cruz, a la altura de la colonia Granjas de Bellavista, en la zona oriente de Uruapan. El hallazgo fue reportado por pobladores y confirmado por la Fiscalía Regional, que inició una carpeta de investigación.
Hasta el momento, no se han reportado detenidos por estos hechos. La familia exige justicia y que se castigue tanto a quienes difundieron las falsas acusaciones como a quienes participaron en la ejecución extrajudicial del joven.
El asesinato de Juan “Z.” es un ejemplo alarmante del uso de la justicia por mano propia basada en rumores, prejuicios y desinformación. La víctima, una persona vulnerable y en situación de discapacidad, fue criminalizada sin pruebas y asesinada sin que intervinieran las autoridades a tiempo.
El caso se ha vuelto emblemático de los riesgos del linchamiento social, y deja al descubierto la falta de protocolos para atender personas con discapacidad en situación de extravío, así como la necesidad urgente de frenar la violencia comunitaria incentivada por redes digitales.
