Dennisse Montañez
La violencia criminal en Veracruz se cobró una nueva víctima: Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada de 62 años que, para mantenerse económicamente, conducía un taxi en el municipio de Álamo Temapache. El viernes 18 de julio, mientras trabajaba en su unidad, fue privada de la libertad por un grupo armado a plena luz del día.
Testigos presenciales indicaron que los agresores, con armas largas y chalecos tácticos, interceptaron el taxi número 554 y obligaron a Irma a subir a una camioneta frente al mercado municipal, sin que hubiera reacción inmediata por parte de las autoridades.
Días después, el caso cobró notoriedad nacional al circular un video donde la víctima aparece arrodillada en una zona boscosa, rodeada de al menos una decena de hombres encapuchados y armados. Con voz temblorosa, fue obligada a identificarse y a lanzar un mensaje dirigido a sus compañeros taxistas:
“Mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe ser… o van a terminar como yo.”
El video, difundido ampliamente en redes sociales, fue interpretado como una advertencia criminal hacia el gremio del transporte público, presuntamente vinculado con extorsiones sistemáticas en la región. La grabación generó indignación entre organizaciones civiles y activistas, que exigieron medidas inmediatas.
Este jueves 24 de julio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Irma. Su cadáver fue localizado en un terreno rural entre los municipios de Álamo Temapache y Cerro Azul, en la zona conocida como Buenos Aires, a unos 40 kilómetros del lugar del secuestro.
La dependencia estatal detalló que peritos forenses realizaron la identificación oficial, y que se abrió una carpeta de investigación bajo la jurisdicción de la Fiscalía Regional de Tuxpan. Hasta ahora no se reportan detenidos, pero las autoridades aseguran que se dará seguimiento “sin impunidad”.
El asesinato de Irma Hernández ha generado una fuerte reacción pública. Diversos sectores han condenado el crimen, particularmente por la violencia ejercida contra una mujer mayor, jubilada, y trabajadora informal. “Nadie merece morir por ganarse la vida. Mucho menos ser usada como instrumento de terror para amenazar a otros”, señaló el activista Bryan LeBarón en redes sociales.
La comunidad de Álamo ha iniciado movilizaciones y actos públicos en memoria de Irma, mientras los gremios de taxistas advierten que la inseguridad ha escalado a niveles incontrolables, con amenazas constantes, desapariciones y cobros de “cuotas” por parte de grupos criminales.
El caso, que refleja la profundidad de la impunidad y la captura territorial por parte del crimen organizado en amplias zonas del país, ha vuelto a poner sobre la mesa la urgente necesidad de proteger a trabajadores del sector transporte y combatir los esquemas de extorsión que operan sin freno.
