Valeria Rueda.-
El acceso a la vivienda en México ha tomado un papel central en las discusiones legislativas, especialmente tras la presentación de una reforma que propone modificar la administración de los recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Esta iniciativa ha generado opiniones divididas entre los legisladores. Para algunos sectores, la reforma es vista como una oportunidad para avanzar en la equidad en la adquisición de vivienda, mientras que otros advierten que podría poner en peligro el patrimonio de los derechohabientes.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la creación de una empresa filial que operaría bajo un régimen mercantil. Este cambio ha levantado inquietudes sobre la posible falta de transparencia en la gestión de los fondos destinados a la vivienda, y sobre la ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas. Críticos señalan que esta nueva estructura podría limitar la participación de trabajadores y empresarios en las decisiones clave, concentrando el poder en las manos de la administración central del Infonavit.
Sin embargo, quienes defienden la reforma destacan que el acceso a una vivienda adecuada es esencial para el bienestar de las familias mexicanas. Subrayan que, con la reforma, se busca garantizar un manejo más eficiente de los recursos destinados a la vivienda social, facilitando una mejor oportunidad para los trabajadores de adquirir su propio hogar.
El dictamen aprobado en comisiones ahora se enviará a la Mesa Directiva del Senado, donde se continuará evaluando su impacto y las posibles implicaciones para el futuro del sistema de vivienda en el país.
