Valeria Rueda.-
En medio de una creciente preocupación por el rumbo de la justicia en México, legisladores han señalado que la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría empeorar la crisis constitucional que atraviesa el país. La reforma judicial que promueve la elección popular de jueces ha desatado una serie de conflictos entre diversas instancias del Poder Judicial, incluyendo al propio TEPJF, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Uno de los puntos es la acusación de que se han desatendido varias suspensiones otorgadas por jueces federales, lo que genera dudas sobre el respeto al marco legal vigente. Los senadores han señalado que este tipo de decisiones podría poner en riesgo la estabilidad del sistema judicial y socavar la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia.
La Mesa Directiva del Senado también ha sido objeto de controversia. Los legisladores advierten que no tiene facultades para reemplazar al Comité de Evaluación del Poder Judicial, lo que podría derivar en una invasión de las competencias de otros poderes, contraviniendo lo estipulado en la Constitución.
La falta de claridad en las disposiciones legales de la reforma ha creado confusión sobre qué resoluciones judiciales deben acatarse, un factor que, según los senadores, agrava aún más la crisis constitucional. Además, el procedimiento de elección de jueces propuesto, que incluye métodos como sorteos, es criticado por no alinearse con los principios de justicia imparcial y la estructura constitucional del país.
Con todo esto, los senadores han hecho un llamado urgente a suspender el proceso actual de implementación de la reforma. Consideran que fue llevada a cabo sin un análisis técnico adecuado ni un diálogo inclusivo entre las distintas instancias judiciales y legislativas, lo que ha derivado en numerosos problemas operativos y jurídicos.
El mensaje es claro: se requiere un respeto absoluto al Estado de Derecho y los principios constitucionales para evitar un daño irreversible al sistema judicial, y así garantizar que este siga funcionando de manera efectiva e imparcial para todos los mexicanos.
