Valeria Rueda.-
La creciente crisis migratoria en la frontera norte de México ha encendido las alarmas en estados y municipios fronterizos, quienes advierten que la falta de recursos presupuestarios podría llevarlos al límite ante el inminente aumento de deportaciones masivas desde Estados Unidos.
Particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los principales puntos de recepción migratoria, la situación se vislumbra crítica. Se anticipa que la llegada de miles de migrantes deportados podría saturar los servicios básicos y generar un colapso social y económico en la región. Autoridades locales han expresado su preocupación por la insuficiencia de fondos asignados en el presupuesto federal para 2025, subrayando que no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar una emergencia humanitaria de esta magnitud.
“La frontera está siendo abandonada a su suerte. Necesitamos que el gobierno federal actúe de manera coordinada y nos brinde los recursos necesarios para atender esta crisis”, declaró un funcionario local bajo condición de anonimato.
Además del desafío logístico y económico, la crisis también pone en evidencia una falta de planeación a largo plazo para abordar el fenómeno migratorio. Especialistas señalan que las comunidades receptoras no solo necesitan apoyo financiero, sino también estrategias integrales que garanticen el bienestar de los migrantes y la estabilidad de las regiones afectadas.
Organismos humanitarios y expertos han hecho un llamado al gobierno federal para que priorice esta problemática en su agenda y garantice un enfoque más humano y responsable frente a las deportaciones y el impacto en las comunidades fronterizas. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los habitantes de estas regiones, quienes temen que la situación empeore sin una intervención oportuna.
La crisis migratoria no solo es un desafío para los migrantes, sino una prueba para la capacidad de respuesta del país en un momento de gran presión social y económica.
